Esta resolución es fruto de la necesidad de establecer criterios comunes para aplicar el derecho una educación inclusiva,
contribuyendo a que se unifiquen los procedimientos de identificación de barreras y potencialidades del alumnado,
garantizando que desde las diferentes provincias y en toda la comunidad, se aplica el marco regulador de la inclusión
educativa por el que está apostando el proyecto educativo de nuestra comunidad.
