La Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España expone que desde este colectivo de profesionales de la orientación apoyamos el comunicado de la Asociación Orientación y Educación de Madrid.
En los últimos meses, los medios de comunicación se han hecho eco de graves hechos violentos acontecidos en algunos centros educativos, COPOE quiere manifestar su pesar y situarse junto a todas las víctimas de violencia.
Como profesionales de la educación, exigimos que se articulen todas medidas preventivas recogidas en la normativa para mejorar la calidad educativa, tanto en la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo que requiera el alumnado víctima de cualquier tipo de violencia (auto-infligida, interpersonal y/o colectiva) como el alumnado agresor. Consideramos que es imprescindible que se dote a los centros educativos de recursos para atender las necesidades planteadas por el alumnado en riesgo de vulnerabilidad a través del Plan de Acción Tutorial, y no solo como medidas a tomar cuando los hechos ya han ocurrido, sino también como prevención y como actuaciones de proacción hacia la convivencia positiva.
En el sistema educativo español la atención a la diversidad está regida por el principio de inclusión, sin embargo no se reconoce como beneficiario de apoyos educativos específicos al alumnado víctima de maltrato; situación que contradice al reconocimiento oficial de los niños, niñas víctimas de malos tratos como alumnado con necesidad específica de apoyo educativo tal como señala el Observatorio de la Infancia Español en 2007.
Organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud denuncian constantemente que la violencia es un importante problema de salud pública que afecta directamente a millones de personas cada año, siendo uno de los mayores factores de riesgo para sufrir desórdenes psiquiátricos y suicidio; contando además con las secuelas que puede causar de por vida a sus víctimas, como son: ansiedad, depresión, desórdenes de estrés post traumático; abuso de sustancias nocivas, comportamientos agresivos y comportamientos sexuales de riesgo (OMS, 2014).
Prevenir la violencia contra los menores e intervenir de manera adecuada cuando ésta ya se ha producido, contribuye especialmente a prevenir una extensa gama de enfermedades crónicas y problemas personales y sociales; teniendo en cuenta que toda la sociedad pagamos el precio por los actos violentos, en términos de costes directos e indirectos.
Debido a que el maltrato es un atentado a los derechos más básicos de los niños, niñas y adolescentes, consagrados a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que todos los menores de edad tienen derecho a la integridad física y psicológica y a la protección contra todas las formas de violencia, a través de este manifiesto solicitamos que tanto al Gobierno de España, como a la Comunidad Autónoma de Madrid cumplan con su responsabilidad; en aras de dar una atención integral a las necesidades específicas de apoyo educativo de los menores de edad, víctimas de maltrato o en situación de vulnerabilidad, tal y como se lo exige La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) –adoptada por Naciones Unidas el año 1989– en su artículo 19, a todos los Estados que forman parte:
“Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo” (UNICEF, 2006).
Los profesionales de la orientación, como profesorado especializado en Pedagogía, Psicología y Psicopedagogía, queremos que se cumplan las indicaciones de estas entidades internacionales así como contar con los recursos humanos y materiales para establecer medidas preventivas y de intervención educativa ante la violencia. Por ello, siguiendo las indicaciones de UNESCO solicitamos un profesional de orientación educativa a tiempo completo por cada 250 alumnos/as en los centros educativos de todo el Estado Español para que trabajemos por una convivencia en paz y logremos que no ocurran hechos como los acaecidos en la primera semana de mayo de 2017.
